La investigación sobre el caso de los supuestos sobornos en la Segunda División ha dejado una sensación de impunidad. Tras el análisis del fallo que exculpó al presidente de César Vallejo, se detectaron probadas deficiencias cometidas por la Comisión de Justicia. En esta segunda entrega, Revista Sudor revela, en exclusiva, los vínculos de dos de los comisionados que ponen en entredicho la imparcialidad de ambos para esclarecer uno de los casos más espinosos de corrupción de los últimos años.
Lo que pudo haber sido una oportunidad para desnudar la corrupción en el fútbol profesional peruano, pasó a ser apenas un anecdotario de audios filtrados, intrigas y forzadas rectificaciones. Todo debido, como ya se demostró en la primera parte del informe sobre el caso de los presuntos sobornos pagados por el Club César Vallejo, a la impericia de la Comisión de Justicia de la Segunda División (CJ-SD), presidida por Renzo Villagra Herrera.
El controversial fallo, que exime a César Acuña, presidente del club trujillano, apenas logró la inhabilitación por cinco años de Fischer Guevara y Lee Andonaire, ambos exfutbolistas de César Vallejo y delatadores accidentales de Acuña en los audios revelados. Ryan Salazar, futbolista de Unión Huaral y autor de la denuncia, también fue sancionado, pero por dos años, al admitir el ofrecimiento de sobornos por parte de Sport Boys.
En el caso de Acuña, las retractaciones de ambos jugadores, tras las cartas notariales conminatorias enviadas por el dirigente, fueron suficientes para cerrar el caso. Como queda evidenciado en el análisis hecho por Revista Sudor, nunca se sustentaron los móviles detrás del accionar de los futbolistas (¿qué rédito obtenían con mentir sobre algo tan delicado?), tampoco se siguieron las pistas (Guevara jamás probó en qué gastó el “préstamo personal” de cinco mil soles otorgado por Acuña), ni se citaron a testigos más idóneos (de la lista de 17 citados apenas se incluyó a dos futbolistas fuera de los tres implicados).
En resumidas cuentas, una investigación precaria encabezada por una comisión que no mostró los reflejos necesarios para advertir el posible ocultamiento de un caso gravísimo de soborno.
Explicado el fallo, y vistos los enormes vacíos dejados por la CJ-SD, es necesario advertir que el presidente del colegiado, Renzo Villagra Herrera, tenía serias razones para inhibirse de realizar la investigación que involucra a César Acuña. Tras minuciosas averiguaciones se comprobaron varios indicios que vinculan de forma indirecta a la familia de Villagra Herrera con el principal espacio de acción del partido Alianza para el Progreso (APP).
La madre del comisionado, Luz María Herrera Luna, tiene un largo historial de licitaciones con gobiernos locales en La Libertad. La primera de sus empresas, Inversiones Virgen de La Puerta E.I.R.L, fundada en 2003 en Trujillo, tuvo como presidente del directorio justamente a Renzo Villagra Herrera. Entre 2003 y 2010, obtuvo ingresos por 512,198.40 nuevos soles, según información que consta en el registro de proveedores del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si bien en ese lapso licitó con nueve gobiernos locales diferentes, el segundo en importancia fue la Municipalidad Distrital de Urpay, por tres obras por las que cobró 173,350 nuevos soles, es decir, más del 30% de sus ingresos totales. Cabe precisar que esa comuna, en aquella época estaba dirigida por el alcalde César Cruzado Navarro de APP.
Luego, la empresaria, dedicada al rubro de la construcción, fundó Ferbuch S.A.C., que desde el año 2000 hasta la fecha ha licitado por más de 10 millones de nuevos soles con municipalidades distritales y provinciales de La Libertad. La principal: la de Quiruvilca, con la que desde 2014 registra ingresos por más 6 millones de nuevos soles. La comuna es dirigida por Walter Josué Díaz Ramos, del Partido Aprista, pero se encuentra ubicada en la provincia de Santiago de Chuco, gobernada por Víctor Luján Chero, del partido de César Acuña.
Es cierto que de los más de 15 gobiernos locales con los que ha licitado Ferbuch S.A.C. las autoridades pertenecen o han pertenecido a diferentes grupos políticos (APRA, Restauración Nacional, Acción Popular, Perú Posible y otras organizaciones regionales), pero la presencia de militantes de Alianza para el Progreso no es menor, como puede apreciarse:
- [2015] Félix Campaña Silva – Municipalidad Distrital de Salaverry 55,498.28
- [2015] Samuel Alfonso Leiva López – Municipalidad Provincial de Ascope 120,999.99
- [2013] Daniel Marcelo Jacinto – Municipalidad Distrital de La Esperanza 7,913.24
- [2013] Félix Campaña Silva – Municipalidad Distrital de Salaverry 290,614.16
- [2012] Daniel Marcelo Jacinto – Municipalidad Distrital de La Esperanza 480,984.21
- [2010] Carlos Vásquez Llamo – Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera 128,458.61
El campo de acción de la principal actividad de la madre de Villagra Herrera está ligado a los avatares de la política liberteña, que se ve dominada por varios actores del partido de César Acuña. Si bien no existen tratos directos con empresas del expresidente regional de La Libertad, y las licitaciones, en teoría, son decididas por comités especiales, las presiones políticas siempre interfieren en las decisiones que se toman en los distintos niveles de la gestión pública.
En este punto, la Revista Sudor deja claro que no se le imputa ninguna irregularidad o delito a Luz María Herrera Luna. Pero si es evidente que el accionar de Villagra Herrera en la CJ-SD podría perjudicar de forma indirecta o tangencial la actividad de su familia materna, que, además, reside en Trujillo desde hace más de dos décadas con vínculos estrechos a nivel social. Por ende, para evitar cualquier condicionamiento o sospecha, podría haberse inhibido en el caso de César Acuña.
Por cierto, el esposo de Luz María Herrera Luna, Edwin Burgos Goicochea, exmiembro de la Policía Nacional, procesado en 2005 en la Corte Superior de Justicia de Lima por el delito de tráfico de drogas y omisión de comunicar un delito en agravio del Estado en el caso de los Sánchez Paredes y Fernando Zevallos de 1995, tiene una familia fuertemente vinculada con el excandidato presidencial. El cuñado de Burgos Goicochea, David Calderón de los Ríos, fue candidato al Congreso por APP en la región Amazonas en 2016 y funcionario de la Municipalidad de Trujillo durante la gestión de Acuña; mientras que su sobrino, Fernando Calderón Burgos, es militante de APP desde 2008, al igual que su padre. Este último aseguró, vía telefónica, que no tiene mayor relación con Burgos Goicochea, padre de las hermanas de Villagra Herrera.
Consultado sobre esta información, el actual presidente de la CJ-SD confirmó todos los datos recogidos por la Revista Sudor, pero aclaró que no vio razones para inhibirse, pese a que los incisos 2 y 3 del artículo 91 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol aclaran que “si el miembro [de la CJ] tiene interés directo en el asunto” o “si está vinculado a alguna de las partes”, “está obligado a dar cuenta de ello al presidente de inmediato”.
“La inhibición sería si es que hubiera tenido algún tipo de relación directa con las partes, sea con Boys o Vallejo, pero dentro de mis criterios morales yo nunca he tenido ninguna vinculación con las partes. El hecho de que mi madre esté en Trujillo, aunque ella es arequipeña, es algo muy subjetivo”, dijo, tras asegurar que dentro de su círculo de conocidos la información es sabida.
“Yo no vivo en Trujillo. Cuando dirigí la empresa Virgen de la Puerta yo vivía en Italia”, aclaró, además, sobre su vínculo con la primera empresa de su madre.
Para el expresidente de la CJ-FPF y actual titular de la Cámara de Conciliación de Disputas, José Echeandía, “como norma general se tiene que inhibir aquel que tiene algún interés económico o moral con alguna de las partes”. En caso pasara por alto esta norma del proceso, “cabe una sanción a aquella persona que está cometiendo una infracción del reglamento, porque compromete la transparencia que debe tener la administración de justicia deportiva”.
Otro comisionado en la mira
No menos preocupante resulta la participación del comisionado Juan Carlos Reyes Machaca, que trabajó entre 2012 y 2013 como delegado de Sport Boys, bajo la administración temporal de Marcos Sedano, gerente de Profesa Asesores y Consultores S.R.L, y que luego fue coordinador en la gestión de Ignacio Basombrío al frente del club chalaco.
Según consta en su hoja de vida en LinkedIn, Reyes Machaca aún brinda asesoría legal a Profesa Asesores y Consultores S.R.L. Motivos más que suficientes para inhabilitarlo de ejercer su cargo como comisionado por conflicto de intereses. Sin embargo, para el presidente de la CJ-SD, Renzo Villagra Herrera, “su vínculo no incidía en el desarrollo de la investigación”.
El Club César Vallejo hizo una observación al respecto, sin llegar a recusarlo, pero todo se resolvió dando la espalda al Reglamento Único de Justicia de la FPF, que es bastante claro. “Cuando conversamos con él se le consultó y refirió que solo estuvo asesorando [a Boys]. No tuvo el cargo de gerente. Además, dijo que no tenía ningún tipo de presión, que no había ningún tipo de injerencia. Y decidimos continuar”, explicó el titular de la CJ-SD.
Poco importó que Sport Boys sea otro de los implicados directos en el pago de sobornos (recuérdese el silencio de Ryan Salazar), en medio de una investigación cada vez más opaca.
José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la FFP, advierte que muchas veces los comisionados están relacionados a los clubes de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) de Primera y Segunda División. “Me atrevo a criticar la objetividad y neutralidad de la otras Comisiones de Justicia por debajo de la Federación porque están vinculadas a los equipos. Es una locura”, dice.
Una situación tan anómala que el propio Reyes Machaca fue también delegado de Comerciantes Unidos en 2015, año en el que el equipo cutervino accedió a la Primera División. Es decir, el actual miembro de la CJ-SD fue parte activa de dos clubes que disputaron el ascenso, lo que implica una relación directa no solo con ambas instituciones, sino también con los miembros del plantel de jugadores. ¿Cómo se puede garantizar imparcialidad cuando se tiene o se ha tenido vínculos con posibles investigados? ♦
